La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) y LabourStart encabezan una campaña que busca exigirle al gobierno panameño que respete la libertad de asociación y termine con la persecución a los sindicatos.
En la descripción de la convocatoria, los espacios destaca que organizaciones como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá, y sus dirigentes, son víctimas de un continúo trato persecutorio, represivo e intimidatorio por parte de las autoridades panameñas por su destacado papel en las protestas que derrotaron una concesión minera de 40 años para la empresa transnacional First Quantum Minerals.
«La política extractiva habría causado graves daños sociales y medioambientales. Debido a las protestas, los sindicalistas están siendo acusados indebidamente de terrorismo«, destaca el documento.
La propuesta expone que los dirigentes del SUNTRACS Saúl Méndez, Secretario General; Jaime Caballero, Secretario de Relaciones Exteriores; así como el dirigente de la comarca Toribio García y el maestro, Diógenes Sánchez, fueron demandados por el Ministerio Público por supuestos delitos contra la libertad y el orden económico en perjuicio de la sociedad panameña.
Además, el 13 de noviembre, la estatal Caja de Ahorros cerró las cuentas bancarias del SUNTRACS, una acción que fue interpretada por la organización como una manera de obstaculizar el derecho a la protesta y el ejercicio de la libertad sindical.
