El acuerdo que fue firmado en el mes de agosto, busca mejorar la protección e integración laboral de las personas en situación de movilidad y sus comunidades de acogida en Ecuador, junto con la colaboración del Gobierno, organizaciones de empleadores y trabajadores.
Según el comunicado de la OIT, la iniciativa proyecta el fortalecimiento y adaptación de políticas, programas y servicios necesarios para que las personas de este sector de la sociedad accedan a empleo, autoempleo y esquemas de protección social adecuados y sostenibles.
Las dos organizaciones planifican procesos de recolección de datos, análisis e intercambio de información sobre la situación de la población refugiada y migrante, que puedan servir de apoyo al Estado ecuatoriano, rumbo al diseño de política y programas de integración socioeconómica más efectivos e inclusivos.
«Este acuerdo llega en un momento muy sensible para las poblaciones en movilidad, siendo uno de los grupos más afectados por las consecuencias de la pandemia y crisis económica. Entre estas personas y el trabajo se alzan varios obstáculos de carácter legal, administrativo y social”, señaló Elena Montobbio, directora adjunta de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.
Por otro lado, la organización anticipó que uno de los objetivos del nuevo acuerdo es capacitar a los funcionarios públicos y a empleados de instituciones privadas sobre los derechos laborales de las personas refugiadas y migrantes.
