En un mundo cada vez más globalizado, la migración laboral se ha convertido en una realidad ineludible. Según el Boletín 24 de la Confederación Sindical Internacional, «los flujos migratorios por motivos socioeconómicos, catástrofes naturales, violencia o persecución política se han intensificado», lo que ha generado un aumento en la cantidad de trabajadores migrantes que buscan mejores condiciones de vida fuera de sus países de origen. Sin embargo, estos trabajadores enfrentan serios obstáculos para acceder a la seguridad social en sus nuevos destinos.
Uno de los principales desafíos es la portabilidad de los derechos adquiridos en materia de seguridad social. El documento señala que «la mitad de las personas trabajadoras se ocupan en la economía informal«, lo que limita su acceso a la protección social. Además, la falta de reconocimiento de los derechos adquiridos en sus países de origen agrava la situación, dejando a muchos migrantes sin la posibilidad de recibir prestaciones de vejez, invalidez o muerte.
Para abordar este problema, se han establecido diversos acuerdos bilaterales y multilaterales. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur son ejemplos de instrumentos que buscan garantizar que los trabajadores migrantes puedan transferir sus beneficios y cotizaciones entre países.
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La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas CSA aboga por una mayor cooperación entre los Estados para asegurar que los derechos de los migrantes sean respetados. En la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos (2024), se enfatizó la necesidad de «fortalecer la cooperación entre Estados para garantizar que los derechos adquiridos por las personas migrantes se respeten, independientemente del país donde trabajen».
El informe del espacio de acción sindical concluyó que, la portabilidad de los derechos de seguridad social sigue siendo un desafío complejo que requiere no solo marcos normativos adecuados, sino también la voluntad política y el compromiso de los gobiernos.
