La Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó su Índice Global de los Derechos 2026 y advirtió sobre un deterioro sostenido de las libertades sindicales y laborales en todo el mundo. El informe sostiene que Europa y las Américas registraron sus peores calificaciones promedio desde que comenzó la medición en 2014, en un contexto marcado por mayores restricciones a la organización sindical, la negociación colectiva y la protesta social.
Según la CSI, el 87% de los países vulneró el derecho de huelga, el 80% restringió la negociación colectiva y el 75% obstaculizó la libertad sindical. Además, en la mitad de los países analizados se registraron arrestos o detenciones de trabajadores y dirigentes sindicales, mientras que el acceso a la justicia fue limitado o inexistente en el 72% de los casos.
América registra retrocesos y Argentina ingresa al ranking más crítico
El informe destaca que Argentina y Panamá se incorporaron por primera vez a la lista de los diez peores países del mundo para los trabajadores. En el caso argentino, la CSI señaló una caída desde la categoría 3 hasta la 5 en apenas dos años, una de las más pronunciadas registradas por el Índice.
La organización afirmó que Argentina pasó a una situación donde existe “ninguna garantía de derechos” y atribuyó el deterioro a medidas que afectan la actividad sindical, las libertades civiles y la negociación colectiva. Entre los elementos señalados figuran la imposición de servicios mínimos obligatorios durante conflictos laborales y diversos episodios vinculados con dirigentes y organizaciones sindicales.
La secretaria general de la CSI, Luc Triangle, afirmó que el informe revela “una crisis global cada vez más profunda para los derechos de los trabajadores” y sostuvo que se está produciendo un “ataque coordinado contra la democracia” que busca debilitar derechos laborales y sindicales.
El Índice Global de los Derechos 2026 evaluó 151 países y ubicó entre los peores para los trabajadores a Argentina, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Türkiye. A su vez, identificó como tendencias centrales la persecución de dirigentes sindicales, el uso de vigilancia digital contra trabajadores y la reducción de las instancias de consulta sindical en las reformas laborales.
