La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) protagonizó ayer una jornada de lucha en rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas, imponiendo un paro general parcial y tomando las instalaciones del Ministerio de Trabajo.
La movilización, que contó con una masiva adhesión de trabajadores estatales, culminó con un compromiso del gobierno de iniciar un diálogo para analizar las demandas del gremio. Sin embargo, los sindicalistas mantienen la firme postura de que la ley debe ser derogada por considerarla ilegal, inconstitucional e injusta.
«El nuevo régimen de certificaciones médicas implica un descuento salarial cuando los trabajadores están enfermos, lo que consideramos una afrenta a nuestros derechos laborales», afirmó Martín Pereira, presidente de COFE y secretario general de la CLATE. Pereira destacó la importancia de la movilización y valoró el compromiso del gobierno de entablar un diálogo, aunque advirtió que la pelota está ahora en la cancha del Poder Ejecutivo para demostrar su voluntad de negociar.
Por su parte, José Lorenzo López, secretario general de la COFE, denunció que el nuevo sistema viola el principio de igualdad y de negociación colectiva, ya que se aplica de manera desigual a distintos sectores de la administración pública: «Es un claro ejemplo de cómo el gobierno impone medidas arbitrarias y perjudica los derechos de los trabajadores«.
La COFE ha presentado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia uruguaya, confiando en que ambos organismos se pronuncien a favor de los trabajadores estatales.
