La Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios Públicos de Chile mostró su rechazo a la reactivación del Gobierno de las negociaciones para ratificar el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico.
El informe publicado por la organización hace énfasis en tres puntos que exponen las consecuencias del acuerdo al sector público, a la ciudadanía y a la clase trabajadora en su conjunto.
“En el capítulo de Inversiones el TPP-11 incluye el sistema en la resolución de controversias radicado en el ISDS, en donde las empresas privadas y las grandes transnacionales pueden demandar a los estados, lo que ha resultado nefasto para las economías de las naciones demandadas”, señaló el segundo punto planteado en la declaración.
Asimismo, destacó que, dicho acuerdo responde a una nueva tendencia de leyes laborales que restringe los derechos a los mínimos aprobados por la OIT y no contempla otros derechos consagrados internacionalmente como el derecho a huelga, la jubilación, vacaciones pagas, descanso, entre otros.
“La salud no puede ser considerada como una mera mercancía para ser explotada. La salud es un bien público y no un producto”, concluyó el texto