La aprobación de la Ley 20.130 en mayo de 2023 generó un amplio rechazo en sectores sindicales y sociales en Uruguay, debido a los cambios regresivos que establece para las jubilaciones.
Entre los puntos más controvertidos se encuentra el aumento de la edad mínima de jubilación a 65 años, sin mejoras en el porcentaje del beneficio, lo que impacta negativamente en la clase trabajadora. Además, la ley obligó a todos los empleados a ingresar al sistema de AFAP, que previamente era voluntario para salarios menores a $85.607.
El PIT-CNT lanzó en septiembre de 2023 la campaña “Afirmá tus derechos”, buscando convocar un plebiscito para modificar la Constitución en tres puntos clave: reducir la edad mínima de jubilación a 60 años, igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional y eliminar las AFAPs, priorizando un sistema de seguridad social solidario.
Para el sector docente, el aumento de la edad jubilatoria plantea serias preocupaciones. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria de Uruguay advirtió en su último informe, que este cambio reducirá el tiempo de vida después de la jubilación, afectando la calidad de vida de los trabajadores. Desde el espacio argumentan que es fundamental cambiar el enfoque hacia uno en el que se valore más el descanso y la vida personal, en lugar de extender la vida laboral.
El gremio docente también destaca los riesgos que implica seguir trabajando a edades avanzadas, especialmente en un sector donde las enfermedades profesionales son comunes. Fenapes menciona patologías como problemas vocales, muscoesqueléticos, estrés y burnout como algunas de las condiciones que afectan a los docentes, y que podrían empeorar con el aumento de la edad de retiro.
Por último, la organización evidenció que el envejecimiento de la fuerza laboral en la educación podría generar mayores costos en licencias médicas y afectar la calidad del sistema educativo, al tiempo que se deteriorarán las condiciones laborales del personal docente.
