La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria de Uruguay solicitó al próximo gobierno medidas para reparar las sanciones impuestas a 15 docentes del liceo de San José y al exdirector del IAVA, Leonardo Ruidíaz. Durante una conferencia de prensa en San José de Mayo, los dirigentes sindicales denunciaron persecuciones hacia los trabajadores de la educación y criticaron la falta de respuesta del gobierno actual a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Según información publicada por La Diaria, el vicepresidente de Fenapes, José Olivera, recordó que el apoyo sindical a los docentes sancionados comenzó en 2021, cuando estos fueron sumariados tras participar en una fotografía en campaña contra la reforma “Vivir sin miedo”.
Según explicó, en junio de 2023 el Comité de Libertad Sindical de la OIT señaló que las organizaciones sindicales tienen derecho a pronunciarse sobre temas de interés general y pidió al gobierno uruguayo revisar las sanciones. Sin embargo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desestimó la recomendación.
“Nunca la administración pudo demostrar que la acción llevada a cabo por los compañeros –tomarse una foto en la sala de profesores fuera del horario de clases– vulneraba el derecho de los niños. No hubo ninguna cuestión ilegal cometida”, afirmó Olivera en declaraciones recogidas por La Diaria.
Fenapes y la Internacional de la Educación solicitaron en noviembre al Comité de Libertad Sindical de la OIT que aplique sanciones al Estado uruguayo por ignorar las recomendaciones.
Por su parte, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, calificó el caso de San José como un ejemplo emblemático de persecución a los docentes. “Es el símbolo de una transformación educativa regresiva que buscaba aterrorizar y amedrentar al cuerpo docente”, aseguró.
A pesar de las dificultades, Mandacen destacó la fortaleza del sindicato y anunció la apertura de un nuevo centro cultural en San José que funcionará como espacio de referencia para los docentes y la comunidad. Además, informó sobre una campaña denominada “de urgente consideración”, que exigirá al próximo gobierno que convoque a las partes para resolver la situación de los docentes sancionados.
