El reciente fallo emitido por la justicia federal en México puso en duda la legitimidad del proceso de elección del actual dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito falló a favor de Cristina Alonso García, trabajadora y activista de la petrolera, quien interpuso un amparo argumentando que se violaron los principios de paridad y equidad de género en la elección sindical.
La resolución revoca la toma de nota que inicialmente favoreció a Ricardo Aldana, actual dirigente nacional del sindicato.
Según el fallo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) deberá emitir un nuevo dictamen sobre el proceso de elección. El tribunal determinó que los argumentos de género presentados por Alonso García fueron desestimados injustamente, lo que permitió la continuidad de un liderazgo compuesto exclusivamente por hombres, pese a que el 40% de los integrantes del sindicato son mujeres.
Durante el proceso judicial, Alonso García destacó la falta de representación proporcional de género en las planillas y las directivas seccionales del sindicato. Argumentó que la Ley Federal del Trabajo, reformada en 2019, establece con claridad que los procesos electivos deben respetar la paridad de género, lo cual no se cumplió en la elección que otorgó el liderazgo a Aldana. En sus palabras, “la integración de las candidaturas debe considerar suplentes del mismo género al de la persona titular”, algo que no se respetó en esta ocasión.
El fallo, que obliga al CFCRL a reconsiderar su dictamen, también pone presión sobre su titular, Alfredo Domínguez Marrufo, para que responda antes de que se emita una nueva convocatoria en octubre. La abogada Alonso García, quien además contendió en el proceso electoral, denunció las deficiencias de la elección y sostuvo que las irregularidades demostraron la falta de equidad y la existencia de “elecciones amañadas”.
Este caso no solo pone en cuestión el liderazgo del STPRM, sino también la necesidad de garantizar la equidad de género en los sindicatos. La resolución judicial representa un avance significativo para las trabajadoras y abre la puerta a una mayor inclusión de mujeres en posiciones de poder dentro del sindicato petrolero.
Fuente: María del Pilar Martínez, El Economista.
