La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) denunció una nueva escalada de persecución sindical en Panamá tras la detención de su secretario general, Marco Andrade, y de su exsecretario general, Genaro López. En un comunicado, la organización sostuvo que ambas detenciones forman parte de una política de criminalización contra el movimiento sindical panameño y las vinculó con las denuncias realizadas recientemente durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.
En su pronunciamiento, la organización sostuvo “están desesperados por reabrir la mina”, en referencia a la decisión del Gobierno de realizar un informe sobre la realidad técnica, económica y ambiental de la mina Cobre Panamá, ubicada en Colón. El polémico contrato de concesión entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum Minerals fue declarado «inconstitucional» por la Corte Suprema de Justicia tras varias manifestaciones y protestas sociales en 2023, por su impacto ambiental y el riesgo que implicaba para la soberanía sobre los recursos naturales.
Según CONUSI, las detenciones «no pueden analizarse de forma aislada» y ocurrieron pocos días después de que el Estado panameño fuera cuestionado en la OIT por presuntas violaciones a la libertad sindical y a los derechos fundamentales de los trabajadores. La organización señaló que Andrade intervino en ese ámbito internacional «denunciando la represión, la criminalización de la protesta social, los despidos antisindicales y los constantes ataques contra las organizaciones de trabajadores».
CONUSI reclama la liberación de sus dirigentes
En el pronunciamiento, la confederación afirmó que «la coincidencia entre esas denuncias internacionales y las posteriores detenciones constituye un grave indicio de represalia contra quienes ejercen legítimamente el derecho de denunciar las violaciones de derechos humanos y laborales cometidas en Panamá». Asimismo, consideró que estas actuaciones buscan «intimidar al movimiento sindical, sembrar el miedo entre los trabajadores, silenciar las voces críticas y desconocer las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo al Estado panameño».
La organización responsabilizó al Gobierno panameño por «cualquier afectación a la integridad física, psicológica y a las garantías procesales» de sus dirigentes y exigió «la inmediata libertad de Marco Andrade y Genaro López, el cese de la persecución política y sindical y el respeto irrestricto a la libertad sindical», derecho que recordó está reconocido por la Constitución, los Convenios 87 y 98 de la OIT y los tratados internacionales ratificados por Panamá.
Por ultimo, el espacio sindical hizo un llamado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a organizaciones sindicales y organismos internacionales de derechos humanos para que mantengan una estrecha vigilancia sobre la situación en Panamá.
