Una encuesta publicada por el Instituto Quaest este miércoles 2 de julio reveló que la mayoría de los diputados federales de Brasil se oponen a eliminar el régimen laboral de seis días con un solo día de descanso, conocido como escala 6×1. Según el sondeo, el 70 % de los parlamentarios consultados se manifestó en contra de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que busca instaurar una semana laboral de cuatro días y 36 horas.
El estudio, citado por Brasil de Fato, entrevistó a 203 diputados federales —lo que representa el 40 % de la Cámara— entre el 7 de mayo y el 30 de junio. El margen de error estimado es de 4,5 puntos porcentuales. De los consultados, apenas un 22 % apoyó la iniciativa, mientras que el 8 % prefirió no responder.
La resistencia a la propuesta se profundiza entre los bloques opositores, donde el 92 % se manifestó en contra. Dentro de la base oficialista, el rechazo alcanza el 55 %, con un 44 % a favor. El segmento de diputados considerados independientes mostró un 74 % de oposición y un 23 % de apoyo.
El proyecto legislativo fue presentado por la diputada federal Erika Hilton (PSOL), quien argumentó que la medida apunta a “una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias” y responde a una tendencia internacional hacia modelos laborales más flexibles. En la justificación de la PEC, Hilton afirmó que “la jornada laboral de seis días compromete la salud física y mental de la clase trabajadora, especialmente en sectores de alta exigencia física y emocional”.
La propuesta, sin embargo, permanece estancada en la Cámara desde su presentación en febrero de 2025. De avanzar, implicaría una reforma al artículo 7 de la Constitución Federal, que regula los derechos laborales de trabajadores urbanos y rurales.
La iniciativa surgió del movimiento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado por el concejal de Río de Janeiro Ricardo Azevedo (PSOL), que logró reunir más de 1,5 millones de firmas en apoyo a la reducción de la jornada laboral. A pesar del respaldo ciudadano, el proyecto enfrenta fuertes objeciones desde el sector empresarial y legisladores afines, quienes advierten que la eliminación de la escala 6×1 podría afectar la productividad y aumentar los costos operativos de las empresas.
A nivel ideológico, el estudio de Quaest muestra que incluso dentro de la izquierda parlamentaria no hay consenso: el 49 % apoya la propuesta, el mismo porcentaje la rechaza y un 2 % no respondió. En el centro político, el rechazo se eleva al 70 %, y entre los diputados de derecha, al 88 %.
