El ataque económico a FECODE (Colombia), SUNTRAC (Panamá), y a los sindicatos argentinos
La consigna “Es la Economía, estúpido” emergió en 1992 durante la campaña presidencial de Bill Clinton en Estados Unidos. Desde entonces, ha arraigado en la fraseología de la comunicación política como recordatorio de que, en última instancia, todos los debates en la esfera pública encuentran su fundamentación en el interés económico de los grandes capitales, las apremiantes necesidades económicas de la población y la dinámica económica, ya sea institucional o privada, de los actores principales involucrados en el proceso en cuestión.
El mensaje resalta la influencia determinante de la economía -el dinero, el afán de lucro, la necesidad de contar con dinero para hacer tal cosa o tal otra- tanto en las decisiones estratégicas como en las instrumentales. Desde una perspectiva social la obtención de fondos económicos resulta esencial para el desarrollo de políticas públicas inclusivas, y al mismo tiempo, desde una mirada empresarial, el lucro económico es el fin que persigue una estructura comercial. En el ámbito sindical, los recursos económicos también resultan trascendentes, resultan fundamentales para organizar movilizaciones, respaldar huelgas, contratar equipos técnicos destinados a negociaciones colectivas y planificación de acciones gremiales, mantener una política comunicacional interna y externa, y gestionar una variedad de servicios sociales a los afiliados.
La autonomía organizativa y política de los sindicatos encuentra en su independencia económica un factor no solo clave, sino determinante. A medida que los sindicatos gozan de una base económica sólida, su capacidad para representar de manera efectiva los intereses de su membresía mejora significativamente. Esta solidez financiera no solo los resguarda de presiones por parte de los empleadores, sino que también fomenta un mayor equilibrio en el proceso de diálogo social.
Este conocimiento es compartido por aquellos que adversan al sindicalismo, un conjunto de intereses donde resulta sencillo reconocer a los políticos neoliberales, a los autodenominados libertarios en sus diversas manifestaciones (como Trump, Bolsonaro, Milei y otros exponentes de la corriente anarco-capitalista), así como al empresariado transnacional financiero y a muchos empresarios locales, no todos, que carecen de una perspectiva orientada al desarrollo nacional.
La fortaleza económica de los sindicatos es un punto para combatir por el empresariado financiero que avanza en la cooptación de la política latinoamericana. Una táctica indirecta se manifiesta a través del sistemático desprestigio de los líderes sindicales en los medios de comunicación hegemónicos alineados con los intereses señalados. Este enfoque tiene como finalidad debilitar la representación sindical y afectar la sindicalización, reduciendo así los índices de afiliación. Simultáneamente, otra línea de acción adopta un enfoque frontal al limitar los recursos económicos sindicales mediante acciones legislativas y judiciales.
Podemos trazar las líneas de un plan de ataque directo, que tiene antecedentes, pero que en este momento se evidencia claramente en el plano regional con el ataque simultáneo en Panamá, Colombia y Argentina.
El antecedente de Brasil
El incidente inmediato que precedió a los eventos actuales fue el asalto a los fondos sindicales de Bolsonaro en Brasil. En 2018, el presidente negacionista implementó medidas por su sola decisión, sin previo diálogo social, desmantelando el sistema de financiamiento sindical brasileño. Esta acción buscaba desestabilizar a una de las principales bases de apoyo de Lula y motor de la resistencia a las medidas antipopulares del bolsonarismo, resultando en un golpe contundente debido al inmediato desfinanciamiento de las estructuras sindicales.
A pesar de este revés, los sindicatos demostraron una notable resiliencia y, cuatro años después, Bolsonaro fue derrotado electoralmente. Los sindicatos, al situarse a la vanguardia del proceso de organización de los sectores populares para formular una alternativa política capaz de dar vuelta la historia, demostraron su capacidad de respuesta frente a las adversidades más allá del duro golpe económico sufrido.
Cierre de cuentas a los sindicatos de Panamá
El Sindicato de la Construcción de Panamá, SUNTRACS, destaca como la organización sindical más robusta y estructurada en todo el istmo. Encabeza la Central CONUSI y, en colaboración con diversas entidades sindicales y de la sociedad civil, recientemente logró asestar un fuerte golpe al Gobierno al conseguir la suspensión, tras 40 días de intensa movilización popular, del contrato previamente establecido entre el gobierno y la empresa minera multinacional canadiense First Quantum.
La respuesta, o revancha, fue inmediata y se materializó a mediados de noviembre de 2023 a través del sector financiero, que procedió al cierre de las cuentas bancarias tanto del sindicato como de sus líderes. La cartelización del sector financiero no se limitó únicamente al cierre de cuentas existentes, sino que también impuso restricciones para la apertura de nuevas cuentas en cualquier entidad del sistema bancario panameño. La justificación formal para proceder al cierre de las cuentas fue el ejercicio del «derecho de admisión y la libre contratación» por parte de los bancos, mientras que el argumento mediático, propagado por los medios de comunicación hegemónica, alegaba que estos fondos respaldaban actividades terroristas, vinculado directamente el concepto de terrorismo con las huelgas y movilizaciones.
Intervención judicial a las cuentas en Colombia
FECODE, es el sindicato de educadores de Colombia y uno de los más grandes y organizados del país. Asimismo, FECODE se cuenta entre los principales pilares de la Central Única de Trabajadores CUT.
El 22 de enero de 2024, un grupo de funcionarios del Poder Judicial ingresó de manera abrupta a la sede sindical de FECODE y retiró intempestivamente documentación bancaria y financiera del sindicato, bajo la falaz excusa de investigar una presunta contribución de fondos sindicales a la campaña del presidente Petro.
El hostigamiento sindical por parte del Estado colombiano y las estructuras paramilitares ha dejado un trágico saldo de muertes y desapariciones que es récord a nivel global. Las prácticas antisindicales han sido catalogadas como las más violentas internacionalmente, y ahora se perpetúan mediante la fase de desprestigio mediático, utilizando acusaciones infundadas y la intervención judicial en la sede sindical. Poner en entredicho públicamente el uso de los fondos sindicales y cuestionar a sus líderes, acusándolos de manejos indebidos del dinero social, forma parte de una estrategia que busca vincular los fondos sindicales, legítimamente aportados por los afiliados desde sus salarios, con fondos ilícitos del narcotráfico destinados al financiamiento electoral. El objetivo es arrastrar a los sindicatos al fango de la desconfianza pública.
Intentos de desfinanciamiento en Argentina
El líder libertario Milei, con tan solo 11 días de gestión gubernamental, emitió el 21 de diciembre de 2023 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el cual introduce una cláusula con la intención de restringir los aportes sindicales. Esta disposición establece que los trabajadores deben otorgar su consentimiento de manera «personal» ante los empleadores para autorizar los descuentos sindicales.
Esta medida persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, busca ejercer una intimidación directa sobre los trabajadores que buscan afiliarse a los sindicatos, especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), donde la presencia sindical, debido a cuestiones de escala y la ausencia de comités sindicales de empresa, no se manifiesta de manera tan directa. En segundo lugar, tiene como propósito desfinanciar a los sindicatos al erradicar de manera integral los acuerdos relacionados con las «cuotas solidarias» a través de la negociación colectiva. Este mecanismo, que posibilita la financiación de la gestión sindical del Convenio Colectivo, se lleva a cabo mediante las contribuciones de los trabajadores no afiliados al sindicato, pero que se benefician de las conquistas logradas por este último.
En Argentina, se encuentra respaldado tanto por el derecho constitucional como por la legislación vigente el descuento sindical, el cual puede llevarse a cabo mediante la simple comunicación del sindicato que ostente la «personería gremial» al empleador. No obstante, la reciente adopción de una medida que restringe estos derechos sindicales a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia ha sido provisionalmente declarada como inconstitucional por el sistema judicial. La decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia está pendiente, y cualquier respaldo legislativo posterior al Decreto podría modificar las condiciones bajo las cuales se evalúa su validez jurídica.
Estamos frente a un plan sistemático de ataque a los fondos sindicales
En Brasil, se ha implementado una ley que provoca un desfinanciamiento sindical a gran escala; en Panamá, se procede al cierre de las cuentas bancarias de los sindicatos; en Colombia, se lleva a cabo la intervención judicial en las cuentas sindicales, y en Argentina, se imponen restricciones al financiamiento sindical. Todo esto acontece simultáneamente, impulsado por intereses comunes y respaldado por campañas de desprestigio mediático contra los líderes sindicales en los principales medios de comunicación que responden a los intereses del capital financiero trasnacional.
Evidentemente, los sindicatos se enfrentan a un plan sistemático, una estrategia cuidadosamente concebida, diseñada, financiada y ejecutada con el claro y preciso propósito de debilitarlos. No se trata de eventos aislados, ya que, además del desfinanciamiento y el ataque mediático, los sindicatos se ven confrontados con la negación del derecho a la huelga en la Organización Internacional del Trabajo, la judicialización de las protestas que se propaga en la región, las limitaciones a la sindicalización por rama de actividad y el menoscabo de los procesos de negociación colectiva.
La respuesta sindical debe orientarse hacia el fortalecimiento de su papel sociopolítico, la implementación máxima de la transparencia financiera para evitar posibles vulnerabilidades, la consolidación de las estructuras de influencia en foros y organizaciones internacionales mediante la Confederación Sindical de las Américas, la Confederación Sindical Internacional y las Global Union, así como la formulación de una estrategia de comunicación que conecte de manera empática con las nuevas generaciones de trabajadores.
