El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, denunció, en el marco de la 112ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, violaciones de derechos laborales que se vienen cometiendo en Panamá por parte del gobierno de Laurentino Cortizo.
Persecución sindical y represión a líderes sociales
Andrade expuso ante la OIT una serie de graves acusaciones contra el gobierno panameño, comenzando por la persecución a líderes sociales y la aplicación de medidas coercitivas contra los sindicatos. En este sentido, denunció el cierre arbitrario de las cuentas bancarias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), afiliado a Conusi, así como de su cooperativa Sutra RL. Según el líder sindical, estas acciones represivas son una clara represalia por la participación activa del Suntracs en las protestas contra un contrato minero declarado inconstitucional el 28 de noviembre de 2023.
«Es un crimen ecológico lo que se está cometiendo con la explotación minera en una importante porción del Corredor Biológico Mesoamericano», aseveró Andrade, quien además señaló que la persecución no se limita al Suntracs, sino que también se extiende a diversos líderes sociales que han participado en protestas contra el gobierno, incluyendo defensores de derechos humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, pescadores y otros sindicalistas. Entre los afectados, mencionó a Jaime Caballero de Suntracs y a Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores de la República de Panamá.
Incumplimiento de convenios colectivos y ataques a la libertad sindical
El pedido realizado por Andrade, fue respaldado por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, y en él, se criticó duramente a las autoridades de la Universidad de Panamá por negarse a aplicar el segundo convenio colectivo firmado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá, el cual representa un avance significativo en materia de libertad sindical en el sector público. A pesar de la existencia de un acuerdo, la universidad se rehúsa a cumplir con lo pactado, evidenciando una clara falta de respeto a los derechos laborales de sus trabajadores.
«Muchos trabajadores del sector público, incluyendo aquellos del Canal de Panamá, aún no tienen reconocidos derechos fundamentales como la negociación colectiva, el descuento de cuotas sindicales y el derecho a huelga», denunció Andrade.
Preocupación ante las políticas del presidente electo
El líder sindical expresó su profunda preocupación por las políticas anunciadas por el presidente electo José Raúl Mulino, quien asumirá el cargo el 1 de julio. Entre las medidas propuestas por Mulino se encuentran la reactivación del proyecto minero antes mencionado, el aumento de la edad de jubilación, el incremento de las cuotas a la Caja de Seguro Social, la privatización de servicios públicos como el agua y la gestión de residuos, y la criminalización de las protestas sociales.
«Todas estas medidas afectarán gravemente los derechos de la clase trabajadora y del pueblo panameño, y sin duda alguna generarán una fuerte confrontación con el nuevo gobierno», advirtió Andrade.
Llamado a la acción
En el marco de su contundente intervención, Andrade exigió al gobierno panameño la reapertura inmediata de las cuentas bancarias del Suntracs y el cumplimiento estricto del convenio colectivo por parte de la Universidad de Panamá. Asimismo, instó a la ministra de Gobierno a respetar el derecho fundamental de los trabajadores a organizarse en sindicatos y a garantizar la personería jurídica de estos.
«La comunidad internacional debe estar atenta a la grave situación que se vive en Panamá en materia de derechos laborales», concluyó Andrade. «Es fundamental que se tomen medidas urgentes para presionar al gobierno panameño a que cumpla con sus obligaciones y respete los derechos de sus trabajadores».
