Ante la escalada de violencia y represión que lidera el Estado panameño, en el marco de las manifestaciones sociales, que se desarrollan en los principales puntos del país en contra de la firma de un nuevo contrato con Minera Panamá, la Rel UITA y otras organizaciones sindicales denuncian ante el mundo esta situación.
En un informe, la regional confirmó que desde el sábado 21 de octubre, cuando gran parte de la población ejerció su derecho a la protesta mediante movilizaciones, piquetes y cortes de rutas, las fuerzas de seguridad estatales respondieron con una fuerte represión que deja un número importante de personas heridas y detenidas, que con el correr de los días aumenta.
El 20 de octubre, y aunque la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió archivar el debate sobre sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado que habilita la explotación minera, el Congreso aprobó finalmente la ley.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados (ANADEPO), la cual integra la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, y otras organizaciones, informaron que trasciende la posibilidad de que el gobierno decrete el estado de emergencia.
«Preocupante situación, donde los limites de la naturaleza, el ambiente y la salud pública, junto a la soberanía nacional, son violentados por la aplanadora de la corrupción y el capital transnacional —también corrupto— made in Canadá», señaló el informe.
