En el marco del Día de los Servicios Públicos, que se conmemoró el pasado 23 de junio, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) convocó a firmar su petición por «servicios de cuidado equitativos y de calidad» de su más reciente campaña.
En un Manifiesto publicado recientemente, la ISP denuncia la actual crisis del cuidado, caracterizada por la desigualdad de género, la precariedad laboral y la falta de acceso a servicios públicos de calidad.
La organización sindical sostiene que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva de las familias, y en particular de las mujeres, ni tampoco un privilegio al que solo pueden acceder quienes tienen los medios para pagarlo.
Por el contrario, la ISP exige que el cuidado sea reconocido como un bien público y una responsabilidad social compartida. Esto implica que los gobiernos deben asumir un papel protagónico en la provisión de servicios de cuidado asequibles y de calidad, y que estos servicios deben ser reglamentados y garantizados para que no se beneficien empresas que explotan a los trabajadores.
El Manifiesto de la ISP también destaca la importancia de valorar el trabajo de cuidado, tanto remunerado como no remunerado. Este trabajo, que sostiene a las familias y a las comunidades, es esencial para el funcionamiento de la sociedad y debe ser reconocido y recompensado de manera justa.
La crisis del cuidado en América Latina y el Caribe
La situación en América Latina y el Caribe es particularmente preocupante. «En la mayoría de los países en América Latina y Caribe, los sistemas de cuidado social (como el cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad, atención de primera infancia, personas en situación de vulnerabilidad) son prácticamente inexistentes, y el Estado está en gran medida ausente de su prestación«, señala el documento de la organización. Lo que deja a las familias, y especialmente a las mujeres, con la responsabilidad de brindar el cuidado sin apoyo ni recursos adecuados.
Esta situación se ve agravada por las políticas fiscales regresivas que implementan muchos gobiernos, las cuales limitan la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos.
