El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y avalado impide, según la organización sindical, negociar los salarios en el sector público, atentando contra los derechos fundamentales de funcionarios y funcionarias estatales.
Los dirigentes de los sindicatos de diferentes sectores, tanto privados como públicos, convocaron a una manifestación el próximo 13 de marzo, en el centro de San José de Costa Rica.
«Con ello se estaría violando el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el principio de negociación colectiva establecido en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», manifestó a Rel UITA, el abogado Manuel Hernández.
Las organizaciones sindicales se oponen a las limitaciones impuestas por la pandemia y a la legislación que prohibiría las huelgas en sectores esenciales, además de un salario único para todos los servidores públicos y la eliminación de complementos salariales.
Para Luis Chavarría, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), es un “intento de esclavización económica y regresión laboral” que de aprobarse “incidirá en el aumento de la pobreza, la precariedad salarial, el endeudamiento de las familias y la desigualdad”.
