Ante la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver mediante el decreto “muerte cruzada” la Asamblea Nacional- la cual también pone fin a su mandato presidencial y que por Constitución exige convocar a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de siete días- el Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador manifestó su preocupación y convocó a la población a movilizarse en contra del autoritarismo.
“Hacemos un llamado a todas la organizaciones sociales y populares a movilizarnos en contra de la prepotencia y el autoritarismo, en defensa de los derechos laborales y exigiendo la salida del Lasso del poder”, sostuvo el documento difundido hace pocos minutos.
En cuanto a las declaraciones del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien manifestó su respaldo a la medida y quien sostuvo que esta decisión pretende “devolverles a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, el colectivo de organizaciones sindicales lo interpretó como una afectación directa a los derechos laborales, mediante una reforma laboral regresiva que aumenta la precarización y la pobreza.
“Las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores FUT continuaremos con la acción popular para que renuncie al cargo, por su incapacidad en dar salida a la crisis social económica y política que atraviesa el pueblo ecuatoriano, que vive el peor momento al ser gobernado por mafias del narcotráfico en familiares y amigos del presidente”, declaró la FUT en un documento que fue firmado los tres principales dirigentes.
El mandatario ecuatoriano enfrenta actualmente un juicio político en su contra por un presunto delito de malversación.
¿Qué es la muerte cruzada?
La muerte cruzada, como se conoce popularmente a esta figura legal, es un mecanismo que permite al ejecutivo y legislativo disolverse en conjunto y de forma anticipada, convocando a nuevas elecciones.
El decreto de disolución de Lasso se sustenta sobre una “grave crisis política y conmoción interna”, una de las tres causas que, de acuerdo con la Constitución vigente, permite invocar a la muerte cruzada y la única que no requiere del dictamen de la Corte Constitucional.
