Desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, indican que las reformas en la antigua Ley de Trabajo buscan generar un equilibrio entre el crecimiento empresarial, los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores.
“Uno de cada cuatro trabajos formales en México son por subcontratación, está a niveles claramente fuera de cualquier parámetro internacional y está creciendo. Además quiere decir que las personas no estaban recibiendo la seguridad social adecuada, y eso sería catastrófico en caso de que hubiera una pandemia”, expresó Alcalde.
Acudimos a la plenaria de @DiputadosMorena para compartir el contenido de la iniciativa de outsourcing o subcontratación y la importancia de poner alto a sus abusos a partir de una legislación clara, sin margen de acción para quien simule. pic.twitter.com/BphK3HlTPL
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 29, 2021
Se confirmó que el sector privado puede sugerir cambios. La reforma que posiblemente apruebe el Senado, en febrero, prohíbe que “una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Por su parte, durante los Foros sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), el sector empresarial expresó su preocupación de que los cambios propuestos por el Gobierno saquen del mercado a muchas empresas.
“Es necesario que una empresa subcontrate parte de su actividad esencial con otra empresa que represente una mejora en la calidad de sus productos, en su técnica, tecnología y proceso”, coinciden desde la representación corporativa.
Según la Revista Factor R, participantes del sector privado, como el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (EEG), el sector empresarial como la Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Canacintra, Coparmex, Concanaco, Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y representantes del sector social y la academia, están de acuerdo en que debe permitirse la subcontratación en actividades que no sean la principal de una empresa y en acciones complementarias para la misma.
“Necesitamos una reforma que deje clarísimo qué se vale y que no se vale, necesitamos claridad, dar estabilidad y, por supuesto, proteger a las empresas y a los trabajadores”, detalló la funcionario al frente de la reforma.
