La Central Única de Trabajadores de Brasil denunció a través de su página oficial que despidieron a más de 111.000 trabajadores y trabajadoras de los cinco grandes estados federativos -Banco de Brasil, Casilla de Correos Petrobras y Eletrobras-, cuando estaba en marcha el golpe de Estado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff, entre 2015 y marzo de este año.
En su comunicado, la central citó un informe del diario O Globo que señala que el ajuste está impulsado por una combinación de factores, que van desde la orientación a reducir el tamaño del Estado desde el gobierno de Michel Temer (MDB-SP) hasta el agravamiento de la actual crisis económica, que impacta en las empresas con capacidad de inversión.
En el mismo espacio, Roni Barbosa, secretario de Comunicación de la Central, dijo que hasta el mes de octubre Petrobras había despedido a unos 20.000 trabajadores propios y otros 200.000 subcontratados, y que estas bajas provocaron un apagón de conocimientos.
Desde la organización le adjudicaron al mal servicio la reacción de rechazo por parte de la población, que ahora apoya la venta de estas empresas, creyendo que la responsabilidad es del trabajador y no del gobierno federal, que no ofrece apoyo material y personal para mejorar la calidad de los servicios brindados, complementa el ingeniero.
Por su parte, los representantes de los trabajadores bancarios afirmaron que los despidos afectan el funcionamiento de las instituciones financieras y la vida diaria de los trabajadores que permanecen en ellas.
