La Unión Nacional de Educadores de Ecuador UNE expresó su preocupación por la suspensión del proceso de jubilación voluntaria en el magisterio nacional, luego de la emisión de la Circular Nro. 00037-C del 2 de julio de 2025 por parte del Ministerio de Educación. El documento oficial propone suspender los trámites de desvinculación para los docentes que tengan más de 30 años de servicio, pero no hayan cumplido aún los 65 años de edad.
Para el presidente nacional de la UNE, Andrés Quishpe, esta medida representa el primer impacto directo de la nueva Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada. Según denunció el dirigente, dicha normativa eliminó la compensación económica para la jubilación voluntaria, afectando a cientos de maestros y maestras que, tras décadas de servicio y el cumplimiento de los requisitos legales, esperaban acogerse a este derecho.
“La Asamblea Nacional y el Gobierno, a sabiendas de esta realidad en el Magisterio, resolvieron lo más fácil: eliminar la compensación económica”, indicó Quishpe en un comunicado público.
El gremio recordó que, en 2018, el Ministerio de Educación había identificado que un 29% del personal docente superaba los 51 años de edad, proyectando la necesidad de un proceso masivo de jubilación entre cinco y diez años después. Desde la UNE sostienen que el Estado debió prever esta situación y no responder con medidas que consideran regresivas en materia de derechos laborales.
“La Circular de MinEduc es una expresión de que la UNE tiene la razón al demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, puesto que vulnera el derecho al incentivo económico para la jubilación voluntaria”, afirmó Quishpe. En ese sentido, el dirigente ratificó la convocatoria a una movilización nacional en Quito para el próximo viernes 11 de julio, en defensa de los derechos del magisterio.
La UNE sostiene que continuará las acciones legales ante la Corte Constitucional para que se restituya el derecho a la jubilación voluntaria con compensación, asegurando que esta medida afecta principalmente a docentes mujeres y hombres que, tras más de 30 años de aportes al sistema de seguridad social, ven frustrado su derecho a un retiro digno.
