El pasado 19 de abril, el juez Carlos Cedeño sentenció a la abacalera de capitales japoneses Fukurawa, a indemnizar a 123 ex empleados, que demandaron a la compañía por las condiciones «infrahumanas» en las que trabajaban.
El fallo de 246 hojas marca un hito al condenar por primera vez a una empresa en Ecuador por trabajo esclavo y señala la responsabilidad del Estado por no haber actuado para prevenir los abusos.
«La responsabilidad principal por la vulneración de los derechos de las víctimas está atribuida a Furukawa por todas las acciones que esta comete. Sin embargo,
se debe señalar como responsable de todas las vulneraciones descritas al Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo hubiese cumplido con su obligación de concurrir hasta el lugar donde vivían los trabajadores, todas estas vulneraciones que cometió Furukawa se habrían evitado», resalta el fallo.
La indemnización prevista en la sentencia para cada uno de los 123 trabajadores debe ser determinada por un perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura. Además, la empresa japonesa deberá entregar a cada campesino afectado cinco hectáreas de tierra o su equivalente en dinero.
A su vez tanto el Estado como Furukawa deberán pedir disculpas públicamente a través de una publicación en los diarios de mayor circulación del país.
En la causa se probó que los trabajadores vivían en las plantaciones con sus familias en construcciones muy precarias dónde no había agua potable, luz ni saneamiento y la mayoría sufre de problemas respiratorios por el hollín de los mecheros de kerosene.
Las jornadas laborales se extendían por más de 10 horas, sin contratos ni seguridad social. Existía una letrina para más de 10 grupos familiares, se había constatado trabajo infantil y varios habían sufrido mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola, como así también, deformaciones en las manos por el método de trabajo.
Según el juez de la causa, Carlos Vera Cedeño, en los campos agrícolas de Furukawa Plantaciones se llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como «servidumbre de la gleba».
Los letrados participantes de la causa contaban las causas que dan lugar a este tipo de sometimiento y entre otras destacan que ellos «viven en condiciones que no les permiten irse a otro lado a buscar trabajo», como la falta de medios para movilizarse desde haciendas muy alejadas de las vías principales.
En la actualidad existen 188 trabajadores y extrabajadores de Furukawa que solicitaron formalmente a la Defensoría del Pueblo que los patrocine para denunciar a la empresa.
