El 21 de julio de 2025, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional de Ecuador aceptó la objeción presidencial a cuatro artículos clave de la Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo para Dignificar el Trabajo del Hogar.
Esta decisión, según la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), representa un «grave retroceso en la garantía de derechos laborales para miles de mujeres trabajadoras remuneradas del hogar en el país».
Las organizaciones sindicales expresaron su «indignación» y «profunda condena» ante el voto de asambleístas que, según el comunicado, justificaron la objeción con argumentos que incluyen la afirmación de que «a los empleadores no les alcanza para pagar el salario» o que «no se necesitan más leyes».
CEOSL y UNTHA consideran que estas declaraciones «niegan la realidad de explotación histórica» y representan una «abierta traición de clase», al oponerse a elementos fundamentales como el contrato escrito y cláusulas de transparencia que han sido fruto de «décadas de lucha».
A pesar de este «revés parcial», los gremios reconocen que la aprobación de la ley, incluso «mutilada por la objeción presidencial», constituye un «hecho histórico» por los «avances trascendentales» logrados.
Entre los puntos clave que la ley aprobada incluye se encuentran la denominación correcta de trabajo remunerado del hogar, el reconocimiento del trabajo en varios hogares con obligación de afiliación al IESS, y la garantía de acceso preferencial a centros de cuidado para hijos de las trabajadoras.
Asimismo, la normativa contempla la creación de mecanismos de denuncia por violaciones laborales y de seguridad social, permitiendo la denuncia anónima. También habilita al Ministerio del Trabajo para realizar inspecciones de oficio y establece una inspectoría especializada en género y violencia, además de un monitoreo de la ley en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con participación del sector.
Estos puntos, afirman los sindicatos, «no son concesiones», sino el «resultado de décadas de trabajo colectivo, organización y resistencia».
Finalmente, las presidentas de CEOSL y UNTHA, Marcela Arellano y Lenny Quiroz, respectivamente, exigieron al Pleno de la Asamblea Nacional que envíe la ley al Registro Oficial para su pronta publicación e implementación. Consideran que este paso «abre una gran oportunidad para transformar las condiciones estructurales de desigualdad que han marcado históricamente el trabajo remunerado del hogar en el Ecuador».
