La Unión Nacional de Educadores (UNE), acompañada por cientos de docentes, se movilizó este 20 de julio hacia la Corte Constitucional de Ecuador para participar en una audiencia pública y solicitar la declaración de inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDEC-MINEDEC-2026-00045-A, que dispone la realización de actividades laborales o complementarias los días sábado para docentes y estudiantes.
Según el comunicado de la UNE, durante la audiencia el presidente nacional del gremio, Andrés Quishpe, y el abogado Vladimir Andocilla sostuvieron que la medida vulnera «la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la progresividad de los derechos y la jornada laboral docente establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)», la cual establece una jornada de cuarenta horas semanales distribuidas de lunes a viernes.
La UNE cuestionó la fundamentación del acuerdo ministerial
De acuerdo con el pronunciamiento, Quishpe señaló que el propio Ministerio de Educación reconoció en un estudio realizado en 2025 que los docentes ya enfrentan una sobrecarga laboral de entre seis y siete horas semanales. En ese contexto, sostuvo que incorporar nuevas obligaciones los sábados profundizaría la precarización laboral y reduciría el tiempo destinado al descanso, la formación profesional, el cuidado de la salud y la convivencia familiar.
La organización también afirmó que la medida afecta el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al considerar que su desarrollo integral no depende únicamente del incremento de las horas escolares, sino también del descanso, el juego, la recreación, el deporte y la convivencia familiar. Además, cuestionó que durante la audiencia el Ministerio de Educación modificara su argumento al señalar que el trabajo de los sábados busca «recuperar los días no laborados», pese a que, según la UNE, las actividades académicas continúan mediante modalidades virtuales o de teletrabajo cuando las clases presenciales se suspenden por causas de fuerza mayor.
Finalmente, la UNE sostuvo en su comunicado que «este cambio de postura y la falta de sustento técnico evidencian que las actividades complementarias no constituyen el verdadero propósito del Acuerdo Ministerial impugnado» y exhortó a la Corte Constitucional a resolver conforme a derecho, declarando la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada.
