Durante la jornada del 13 de junio, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT concentró sus esfuerzos en los casos latinoamericanos establecidos en una preselección anterior.
Costa Rica fue expuesto por vulneraciones al Convenio sobre la política del empleo 122 sobre políticas de empleo, y la vocería del grupo de los trabajadores que fue titularizada por Marta Pujadas de la CGT Argentina, resaltó los efectos negativos de la nueva Ley de Empleo Público, la precarización del trabajo y la vulneración de los derechos laborales.
Guatemala responde al Convenio 87 sobre libertad sindical y marcó una diferencia notoria en las posturas del diálogo tripartito instalado en la comisión. Por un lado, los trabajadores, con apoyo de los gobiernos de EEUU, Canadá y la Unión Europea denunciaron los casos de violación de los derechos humanos laborales que incluyen el asesinato y persecución de numerosos dirigentes sindicales. Por otro lado, el Gobierno de Guatemala, con un fuerte apoyo de los empleadores, y el sorprendente aval de “una significativa mayoría” de gobiernos del Grupo de países Latinoamericanos GRULAC, sostienen que se trata de un “caso en progreso”, relativizando los argumentos sindicales.
Las conclusiones de este caso estarán disponibles a partir del día jueves 15 de junio.
Por su parte, Perú se enfrentó, según el testimonio del dirigente argentino Daniel Jorajuria, a un doble escándalo en materia de libertad sindical del sector empleador, que cuestionó el decreto número 14 modificatorio del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo adoptado en su momento por el presidente Pedro Castillo, que se según el especialista representa un avance en materia libertad sindical en Perú, teniendo en cuenta que la comisión evidencio los déficit en este eje.
En relación con el derecho de huelga, el también dirigente planteó una contradicción, en la que incurren los empleadores, en tanto que la huelga como derecho tutelado en el Convenio 87 viene siendo cuestionado por ese sector, sin embargo, recurren a la Comisión de expertos y al convenio si se trata de la defensa de sus intereses.
Por ello, el equipo de trabajadores reafirmó que seguirá promoviendo la libertad sindical, revisará la legislación para que se reconozca expresamente la afiliación de la gente contratada temporalmente y exigió al Gobierno que adopte la responsabilidad que las huelgas para que las respectivas medidas recaigan en organismos imparciales, no judiciales, y que acepte una misión especial de la OIT.
En la discusión respecto a las recurrentes violaciones del Convenio sobre la consulta tripartita 144, representantes del Gobierno de El Salvador sentenciaron que la denuncia es una “utilización política” y cuestionaron el manejo de la Comisión, el manejo de la elección de los casos y el proceso de reflexión de esta denuncia.
Desde la representación de los trabajadores, destacaron que es la octava vez que El Salvador entra en la lista de casos espaciales y la cuarta con este convenio. También Pidieron que los representantes sean designados libremente y que no se limite su participación y solicitaron al gobierno que elimine el requisito de renovar las personerías cada 12 meses, garantice una plataforma efectiva de convocatoria y cumpla con los requisitos plenos del Convenio 144, que fue tratado como un caso grave.
