El Senado brasileño aprobó el pasado 10 de mayo una ley que establece un marco regulatorio para la inteligencia artificial (IA) en el país. Sin embargo, la normativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, ha generado debates y críticas en torno a la protección de los derechos de los trabajadores y la libertad de expresión.
La aprobación del proyecto de ley, impulsado por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, representa un paso importante en la regulación de esta tecnología en auge. Sin embargo, la «Coalizão Direito na Rede», una coalición de organizaciones de la sociedad civil, expresó su preocupación ante ciertos aspectos del texto.
Según María Faria, secretaria de Comunicaciones de la CUT Nacional y una de las firmantes de un documento crítico, «detrás de la Inteligencia Artificial hay personas e intereses». Faria enfatizó la necesidad de «una rigurosa gobernanza, transparencia y mecanismos de mitigación de riesgos para proteger los derechos fundamentales y prevenir abusos tecnológicos».
La ley clasifica los sistemas de IA en niveles de riesgo y establece diferentes requisitos según su impacto en los derechos humanos. Los sistemas de alto riesgo, como aquellos utilizados en áreas sensibles como la salud o la seguridad, requerirán una evaluación de impacto detallada. Además, se prohíbe el desarrollo de aplicaciones con «riesgo excesivo», como las armas autónomas y las técnicas subliminales.
Otro aspecto importante de la ley es la protección de los derechos de los creadores de contenido. El texto garantiza que los autores sean remunerados por el uso comercial de sus obras en sistemas de IA, y establece salvaguardas para proteger su imagen y voz.
Una de las principales críticas a la ley se centra en la protección de los derechos laborales. Si bien la normativa incluye disposiciones sobre supervisión humana en las decisiones automatizadas que puedan afectar el empleo, la «Coalizão Direito na Rede» ha señalado la ausencia de mecanismos claros para prevenir despidos masivos debido a la automatización. Según la coalición, esto expone a los trabajadores a los riesgos de una automatización descontrolada y debilita las garantías fundamentales.
