La Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expresaron su preocupación ante el avance de la privatización de las escuelas públicas a través de mecanismos como la pejotización y la subcontratación de servicios.
La advertencia se da en el marco de un posible fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) que podría legalizar la pejotización irrestricta, es decir, la contratación de trabajadores como personas jurídicas, eliminando así derechos laborales fundamentales.
Según Heleno Araújo, presidente de la CNTE, “el profesorado debe dominar este tema y llevarlo a las aulas y a la comunidad escolar”. El dirigente afirmó que la práctica, ya en curso en varios estados y municipios, pone en riesgo derechos laborales como vacaciones, seguridad social, salario mínimo, decimotercer sueldo y acceso al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS).
La CUT advierte que la pejotización no solo impactaría a nuevos trabajadores, sino que afectaría la reposición de cargos públicos, profundizando la precarización del sector educativo.
Araújo explicó que esta modalidad de contratación se enmarca dentro de un proceso más amplio de privatización de la educación, que incluye subastas, convenios con entidades privadas y transferencia de servicios. “Ya hay cientos de escuelas públicas estatales en proceso de entrega a la gestión privada, y eso implica contratar trabajadores sin vínculo formal, como empresas, lo que reduce costos para los empleadores pero afecta directamente la calidad educativa y los derechos laborales”, declaró el dirigente.
El presidente de la CNTE enfatizó la necesidad de movilización y concientización: “Necesitamos mucha movilización. El profesorado es responsable de la formación de la ciudadanía y desempeña un papel fundamental en este proceso. Para los servicios públicos y la educación, la pejotización es una gran pérdida”.
El ministro Gilmar Mendes suspendió temporalmente todas las acciones sobre la legalidad de la pejotización y la Corte deberá unificar el criterio judicial. El fallo será determinante para establecer si es legal contratar trabajadores como PJ, evitando los contratos laborales tradicionales.
