Tras la culminación de la primera parte de la 109° Conferencia Internacional del Trabajo en la que participaron los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados Miembros, y que se desarrolló por primera vez de manera virtual, como consecuencia del brote de coronavirus que azota a gran parte de la población mundial, Marcelo Di Stefano, secretario Ejecutivo de la CONTUA, en representación de los trabajadores públicos y de la educación superior mencionó algunas de las sensaciones del movimiento sindical después del encuentro.
El referente señaló que se presentaron restricciones en la participación, por razones de conectividad, horarios y por el propio diseño de la agenda: “Los trabajos han sido difíciles por el formato, no obstante, con vocación militante y fuerte compromiso, el movimiento sindical le ha dado seguimiento desde cada rincón del mundo participando activamente en todas las deliberaciones”.
En la misma línea, el también secretario Adjunto de FATUN-Argentina y miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional de Servicios Públicos, expuso que, para las centrales sindicales regionales e internacionales fue extenuante y tedioso su participación en la conferencia tras “la embestida de los empleadores que fuerzan el debilitamiento de los órganos de control de la OIT, y conflictúan cada uno de los debates, en una estrategia de presión para lograr declaraciones y conclusiones de poco contenido, acríticas, e inocuas”.
Por ello señaló que la “Resolución relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente”, si bien, recrea frases de documentos previos, fragmentos de la Declaración del Centenario y llamados a la cooperación, no contiene ninguna propuesta novedosa de acción urgente que ponga al mundo del trabajo, y a su espacio de gobernanza global, a revertir los efectos devastadores de la pandemia sobre el empleo.
Finalmente, hizo un llamado a repensar el rol de la Comisión de Normas, a impulsar cambios profundos para que la OIT recupere la senda de su mandato histórico, a proteger el trabajo para que no sea tratada como una mercancía, y constituir un espacio de articulación de políticas para garantizar la paz duradera sobre la base de la justicia social.