Crece la preocupación sindical por crisis en la inspección oficial de trabajo en Perú

La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) expresó su preocupación por el impacto que tendría la falta de implementación presupuestaria de la Ley N.º 32486 en el fortalecimiento de la inspección laboral.

La situación de la inspección de trabajo en Perú volvió a quedar en el centro del debate laboral luego de un pronunciamiento de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que expresó su preocupación por lo que considera un debilitamiento del sistema de fiscalización laboral, con impacto directo en millones de trabajadores del país. El comunicado señala que este escenario se produce pese a la vigencia de la Ley N.º 32486, aprobada en septiembre de 2025, que establece medidas para fortalecer la inspección de trabajo a nivel nacional.

Según la organización sindical, la normativa contempla un incremento de funciones y competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), así como un esquema de formación laboral orientado a mejorar la competitividad y garantizar el trabajo digno y decente. Sin embargo, la CATP advierte que la implementación de estas disposiciones se encuentra limitada por la falta de presupuesto específico aprobado para el año fiscal 2025, lo que, a su entender, compromete la efectividad del sistema.

La inspección de trabajo en Perú y el rol del presupuesto público

En el pronunciamiento, la central sindical sostiene que el presupuesto asignado no responde a lo establecido en la ley y que su insuficiencia “pone en riesgo la fiscalización laboral, el control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la defensa del empleo formal”. Además, señala que la SUNAFIL enfrenta carencias logísticas y operativas que restringen su capacidad de acción, especialmente en regiones alejadas de la capital.

La central sindical remarcó que «la inspección de trabajo cumple un rol estratégico en la protección de los derechos laborales y en el fortalecimiento del diálogo social», al tiempo que advirtió que «la precarización del sistema puede favorecer prácticas de informalidad y debilitar los mecanismos de control del Estado». En ese sentido, subrayó la necesidad de que las autoridades cumplan con las obligaciones legales vinculadas a la implementación plena de la ley vigente.

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