Del encuentro participaron representantes sindicales de las principales instituciones de educación superior públicas del país centroamericano y figuras sindicales del entramado sindical del continente.
Marcelo Di Stefano, secretario ejecutivo de CONTUA celebró el espacio de disertación como uno oportunidad para analizar y actuar sobre las cuestiones que acontecen en el continente.
“Desde la ISP y la CONTUA tenemos una mirada que va más allá de lo nacional, pero que al mismo tiempo se entiende al fenómeno global como un fenómeno en el cual cuando si el río suena es porque efectivamente la tormenta va a llegar a la otra punta”, ejemplificó el dirigente sindical.
Para el referente, si se desarrolla un fenómeno social en Costa Rica y tiene que ver con una política de implementación del Fondo Monetario Internacional, o un organismo de financiamiento internacional, se intentará replicar en otros países de la región.
“Entendemos que es importante analizar cuando suceden estas cuestiones. En este caso, en Costa Rica, estamos hablando de un proyecto de ley de modificación de base, estamos hablando de una situación de peligro en la política histórica de financiamiento del sistema universitario, una de las políticas que le da un rasgo especifico a Costa Rica como país”, sentenció Di Stefano.
Hay un jaqueo a la negociación colectiva, un cuestionamiento que las autoridades universitarias y nacional hacen a la negociación colectiva como política histórica de acuerdos laborales en el marco de las universidades.
Ley de empleo 21.336
Daniela Rodríguez García, en representación del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) explicó lo que implica la aplicación de la Ley Marco del Empleo Público 21.336.
“Esta ley estaría modificando la gobernanza del empleo público, precarizando las condiciones laborales y los salarios de todas las clases trabajadoras del sector público. Está en contra de lo que dice la Constitución Política respecto a la autonomía, busca establecer un salario único, controlado por el Gobierno actual”, detalló Rodríguez.
Para la representante sindical y docente, este problema es relevante en el proyecto, en la medida que vulnera el derecho a la negociación colectiva y el documento no especifica si se establece un salario global.
Por su parte, Salvador Deusa, de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico (AFITEC), sentenció “Debemos tener claro que esta autonomía que poseen estas instituciones es para ejecutar sus tareas, dar cumplimiento a las obligaciones y darles independencia a los demás entes autónomos. Situación que se violenta en ese proyecto de ley”.
Finalmente, se llegó a la conclusión de que el concepto de unidad entre las organizaciones sindicales es clave y es elemento transversal de su labor en América Latina y el Caribe.
