A pesar de los avances en materia de autonomía, libertad sindical y negociación colectiva logrados con la reforma laboral de 2019, persiste un grave incumplimiento por parte del gobierno mexicano en lo que respecta al Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, según la denuncia presentada por el delegados de los trabajadores en la Comisión de Normas.
Alejandro Avilés Gómez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de México y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México durante su intervención evidenció que la falta de implementación adecuada de la reforma, sumada a la omisión de medidas legislativas para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, ha generado una preocupante brecha salarial por género en el país.
«Si bien la reforma de 2019 representó un paso importante en la dirección correcta, la realidad es que su implementación ha sido deficiente y no ha logrado abordar la raíz del problema de la desigualdad salarial. El gobierno ha fallado en su obligación de adoptar medidas legislativas concretas para garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, tal como lo establece el Convenio 100 de la OIT», afirmó Avilés.
El representante gremial también criticó la falta de mecanismos adecuados para presentar memorias sobre el cumplimiento del Convenio 100, lo que ha dificultado el diálogo social y la rendición de cuentas por parte del gobierno.
«Las organizaciones de trabajadores hemos tenido serias dificultades para dar seguimiento a la problemática de la desigualdad salarial debido a las deficiencias en el mecanismo de presentación de memorias implementado por el gobierno. Esto ha obstaculizado la participación activa de los trabajadores en la búsqueda de soluciones y ha limitado la transparencia del proceso», sostuvo el dirigente.
Falta de paridad en la CONASAMI y mecanismos de inspección deficientes
El representante de los trabajadores criticó la falta de paridad en la integración de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos CONASAMI, el organismo encargado de determinar los incrementos a los salarios mínimo y profesionales en el sector privado.
También cuestionó la eficacia de los mecanismos de inspección del trabajo para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de remuneración.
«Si bien es cierto que la CONASAMI ha logrado un incremento gradual y significativo de los salarios mínimos en los últimos seis años, esto no ha reducido la brecha salarial. El salario mínimo, como su nombre lo indica, fija el piso salarial, pero los empleadores solo están obligados a pagar esa cantidad mínima, pudiendo hacer distinciones que impliquen un salario superior para algunos trabajadores», remarcó el dirigente.
El sindicalista evidenció que en algunos centros de trabajo, los incrementos se justifican en la ‘productividad’ o mediante el trabajo de ‘horas extras’, lo que aleja a las mujeres de salarios remuneradores debido a las responsabilidades familiares o la escasa formación profesional.
Por último, el referente sindical instó a crear una base de datos anual que «contenga una metodología adecuada que permita direccionar las reformas constitucionales, ajustes legislativos necesarios y el diseño de las instituciones que sean compatibles para determinar el ‘valor del trabajo’ y los principios del Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración y la Recomendación 90 de la OIT».
La denuncia presentada en el marco de la Comisión de Normas tuvo fuerte apoyo de dirigentes sindicales de distintos sectores, como María Lourdes Zea, secretaria Administrativa de STUNAM; Yazmin Cabrera, Secretaria de Relaciones de ese espacio; Maricarmen Llamas, dirigente del Sindicato de Telefonistas de México; Humberto Gual, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y Enrique Oñate.
