Los sindicatos señalaron que la normativa original, aprobada en 1992 durante el gobierno de facto, tenía como propósito limitar la sindicalización y restringir los derechos de los trabajadores a la huelga. “Durante años, el Poder Judicial y la Administración del Trabajo se dedicaron a interpretar literalmente la ley, desconociendo las nuevas organizaciones de trabajadores”, expresaron las centrales en su comunicado.
Los trabajadores temen que los empleadores busquen mantener un control absoluto sobre las relaciones laborales, limitando la capacidad de los sindicatos para defender los intereses de sus afiliados.
Uno de los principales puntos de controversia es la inclusión de sindicatos de empresas tercerizadoras y grupos de empresas en la normativa. Para los sindicatos, la modificación del reglamento es coherente con los compromisos internacionales asumidos por Perú, entre ellos los adoptados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La modificación era coherente con los compromisos del Estado peruano asumidos en el ámbito de la OIT”, explican, haciendo referencia al informe del Comité de Libertad Sindical de 1993.
No obstante, los gremios empresariales han iniciado acciones legales que buscan revertir estas modificaciones. Los sindicatos denunciaron que “los gremios empresariales han desatado una arremetida judicial inundando el Poder Judicial de acciones de amparo”. En este contexto, las organizaciones de trabajadores advirtieron que se mantendrán vigilantes ante las decisiones del Poder Judicial y exigieron que se garantice el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga.
Finalmente, las centrales sindicales reiteraron su compromiso de defender los derechos laborales frente a lo que consideran intentos de “menoscabar” el ejercicio de la libertad sindical. “Defenderemos unidos cualquier intento de menoscabar el ejercicio de la libertad sindical”, concluyeron los líderes sindicales, reafirmando su postura de continuar con las movilizaciones y acciones en defensa de los derechos laborales en el país.