Enviados especiales desde Ginebra – En el marco de la 113° Conferencia Internacional del Trabajo, representantes del Gobierno de Panamá, trabajadores y empleadores presentaron sus respectivos informes al grupo de expertos de la Comisión de Aplicación de Normas, quienes señalaron el incumplimiento del Convenio 122 (norma internacional que promueve el fomento de pleno empleo, productivo y libremente elegido).
La agenda de la jornada tuvo un giro cuando los delegados de los trabajadores expresaron que es imposible debatir la aplicación del convenio sin garantizar el pleno ejercicio de representación sindical.
En esa línea, voceros de este sector exigieron una intervención de alto nivel y destacaron que no alcanza con recomendaciones generales, en miras a respaldar a los dirigentes sindicales que hoy se encuentran encarcelados, exiliados o perseguidos por el Gobierno de José Raúl Mulino.
La respectiva comisión publicará las conclusiones de este caso el próximo 12 de junio. Se esperan las exposiciones de las conclusiones de los casos y la evaluación de una una agenda de acciones concretas.
Piden intervención directa de Gilbert F. Houngbo Director General de la OIT
Con el peligro inminente tras la falta de diálogo, los voceros solicitaron un Comité de Libertad Sindical, argumentando que no alcanza con las recomendaciones propuestas previamente por el organismo y piden acciones concretas con su Director Gilbert F. Houngbo.
Los datos en Panamá reflejan la avanzada de un gobierno neoliberal. Según las declaraciones de los dirigentes, en dicho país la juventud no tiene posibilidades de acceder a un empleo digno y el 56% de la población se encuentra en la informalidad. Los representantes de los trabajadores, en ese sentido, denunciaron que el gobierno adoptó programas con exclusión de los actores sociales, falta de participación en el diseño de políticas públicas y brechas de género.
En el marco de las acciones para visibilizar la avanzada antisindical del gobierno de Mulino, la semana pasada ya se había realizado un acto en solidaridad con los sindicatos Panameños. Allí, dirigentes de la CSA dieron a conocer que le plantearon al director general de la OIT la necesidad de una intervención directa y protagónica.
Además, el Secretario General de FATUN Argentina, Walter Merkis, también había alertado sobre “una ofensiva violenta y sin precedentes contra el movimiento sindical”, que incluye encarcelamientos, intervenciones gremiales y el bloqueo de fondos sindicales. “El presidente José Raúl Mulino ha estigmatizado públicamente a los sindicatos, declarando —textualmente— que ‘hay que acabar con esa mafia sindical’”, recordó.
Postura de los Empleadores
Los representantes de los empleadores reconocieron los avances de Panamá en contar con una política de empleo basada en el tripartismo. Sin embargo, señalaron la «preocupante cifra del 47% de informalidad», indicando que «su auge ha generado competencia desleal» y que representa uno de los «principales desafíos para el desarrollo económico del país». Solicitaron el «acompañamiento de la OIT para la transición de la informalidad a la formalidad» y la necesidad de «continuar trabajando en las mesas tripartitas».
En su intervención final, recomendaron al Gobierno que, con la asistencia de la OIT, «promuevan programas que garanticen la participación de todas las partes», y que «las protestas que se realizan deben respetar derechos fundamentales de los ciudadanos», reiterando «la importancia de contar con diálogos tripartitos».
Postura del Gobierno de Panamá
El representante del Gobierno de Panamá defendió la gestión actual, afirmando que el país «diseña y ejecuta políticas para el pleno empleo y condiciones para una vida digna». Se mencionó la aprobación de una resolución de gabinete para el Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029, destacándolo como un «instrumento clave en la articulación coherente de las políticas públicas, entre esas el empleo». Se resaltó el «Programa Primer Empleo» para la inserción de jóvenes al mercado laboral formal y se reiteró el «compromiso con la generación de empleo decente», aunque se hizo referencia a los «paros y cortes ilegales» como elementos que afectan la situación.
