Un informe titulado “Derechos de las personas comerciantes en el espacio público: el caso de Buenos Aires, Argentina”, coordinado por WIEGO, elaborado por Macarena Funes y Lila Morala, y desarrollado en colaboración con UTEP y StreetNet International -examina la situación del comercio Buenos Aires y las condiciones en las que miles de personas desarrollan actividades económicas en la vía pública. El estudio señala que estas prácticas constituyen una parte relevante de la economía popular y una estrategia de subsistencia para numerosos trabajadores y trabajadoras en la ciudad.
Según las autoras, el comercio Buenos Aires en el espacio público “constituye una de las expresiones más visibles y vitales de la economía popular”, y para muchas personas “la calle no es únicamente un espacio físico: es su espacio de trabajo, un territorio de encuentro, de construcción comunitaria, de redes de cuidado y de intercambio económico”.
Un análisis jurídico y social sobre el comercio en Buenos Aires
El documento, al que accedió Latam Gremial, sostiene que en los últimos años el comercio Buenos Aires en el espacio público ha atravesado un proceso de deslegitimación pública. En ese sentido, advierte que determinadas narrativas políticas y económicas “asocian estas actividades con la ‘mafia’, la ‘ilegalidad’ o la ‘usurpación’ del espacio urbano”, lo que, según el informe, contribuye a justificar prácticas punitivas y medidas de control sobre quienes trabajan en la calle.
Las investigadoras también sostienen que el comercio Buenos Aires se desarrolla en un contexto de precariedad estructural. De acuerdo con el estudio, muchas personas que dependen de estas actividades enfrentan decomisos de mercadería, controles policiales, desplazamientos territoriales y dificultades para acceder a protección social, lo que afecta directamente su derecho a generar ingresos y sostener sus medios de subsistencia.
El informe plantea además que la ausencia de políticas públicas de reconocimiento, regulación y protección social configura un escenario de vulneración de derechos. En ese marco, las autoras sostienen que la falta de mecanismos de regularización y apoyo institucional contribuye a consolidar situaciones de exclusión y vulnerabilidad en el comercio Buenos Aires.
Finalmente, el estudio concluye que resulta necesario avanzar en políticas públicas que reconozcan el trabajo en el espacio público como una actividad económica legítima y que garanticen condiciones dignas para quienes dependen de estas actividades. Según las investigadoras, el desafío consiste en desarrollar marcos regulatorios y programas de inclusión que permitan proteger los derechos de las personas que participan del comercio Buenos Aires.
