Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso Nacional, se vive un estado de incertidumbre y de inconformidad manifestado por los representantes sindicales que representan a los trabajadores de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ante la privatización del servicio de seguridad en las cárceles que anticipa la nueva ley.
El presidente del Sindicato UTP del INPEC, Óscar Robayo, en diálogo con Caracol Radio señaló que, la medida provocará que la seguridad en las cárceles del país se convierta en un negocio. Además, agregó que, no se genera el espacio de negociación previo antes de tomar este tipo de decisiones.
Según explicó el referente sindical, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior evadieron la Constitución Política y todos los tratados internacionales que indican que, la custodia y vigilancia de todas las personas privadas de la libertad debe ser por una entidad pública, por el Estado, no por privados.
En ese sentido, Robayo confirmó que los trabajadores del INPEC encararán una serie de movilizaciones y medidas para que el Gobierno modifique la norma y la Corte Constitucional haga una revisión exhaustiva, previo a la sanción presidencial.
“Vamos a agotar todos los recursos económicos y técnicos del sindicato para entablar las demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley”, reveló Robayo al medio de comunicación.
