La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció que intensificará la lucha por las prestaciones sociales del magisterio, en un contexto marcado por el avance de trámites legislativos y administrativos vinculados a derechos previsionales y primas territoriales de docentes activos y pensionados. La definición fue comunicada públicamente por la organización, que reafirmó su rol histórico en la defensa de la dignificación de la profesión docente y la protección de derechos adquiridos.
En su pronunciamiento, Fecode destacó los avances en el trámite del proyecto de Acto Legislativo que modifica el artículo 48 de la Constitución, orientado a restituir derechos de maestras y maestros nacionalizados y territoriales pensionados antes de 2011. La federación señaló que este proceso legislativo busca corregir limitaciones impuestas por reformas anteriores que afectaron el acceso a prestaciones sociales del magisterio, especialmente en lo referido a la mesada 14.
Prestaciones sociales del magisterio y debate por las primas territoriales
En relación con las prestaciones sociales del magisterio, la organización también se refirió al debate en torno a las primas territoriales, subrayando que existen sentencias del Consejo de Estado que reconocen derechos adquiridos por docentes y trabajadores administrativos. Según el comunicado, Fecode cuestionó intentos de reinterpretación administrativa que desconocen estos fallos y advirtió sobre retrocesos en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación.
El pronunciamiento abordó además la situación de la prima pensional de mitad de año, prevista en la Ley 91 de 1989, señalando que esta prestación no debe ser confundida con la mesada 14, dado su distinto origen jurídico. En ese sentido, la federación remarcó que “el derecho a la prima pensional de mitad de año debe ser reconocido para un importante número de docentes”, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.
Fecode enfatizó que los procesos de reconocimiento y pago de estas prestaciones deben realizarse sin intermediación de terceros y con responsabilidad institucional por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y las entidades correspondientes.
