El Gobierno de Colombia expidió el Decreto 1525 el 13 de octubre, en vísperas de una jornada nacional de movilizaciones contra sus políticas económicas y de seguridad. La norma modifica los procedimientos de actuación policial durante las protestas y abrió una nueva disputa sobre los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad y las garantías para el ejercicio del derecho a manifestarse. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la medida y exigió su derogación.
El decreto establece cinco niveles de actuación institucional, desde la gestión preventiva y el diálogo hasta la intervención policial para restablecer el orden. Sin embargo, introduce una modificación relevante: cuando se registren hechos violentos o actos de vandalismo, la Policía podrá intervenir contra sus responsables sin esperar a que finalice el diálogo con el conjunto de los manifestantes. El Gobierno sostiene que la norma busca proteger la protesta pacífica y garantizar los derechos de quienes no participan de ella.
La disputa por el derecho a la protesta
La CUT cuestionó que las nuevas disposiciones habiliten intervenciones policiales sin agotar previamente determinadas instancias de diálogo y mediación. La central sindical advirtió que esta modificación puede ampliar el margen de actuación de las fuerzas de seguridad contra las movilizaciones sociales y afectar a trabajadores, sindicatos y organizaciones populares.
En su pronunciamiento, la organización sostuvo que “los bloqueos e interrupciones de vías son expresiones propias de la protesta social y no se constituyen, por sí mismos, en actos de violencia”. También reclamó “plenas garantías democráticas” y el “respeto irrestricto de los Derechos Humanos”, además de exigir la derogación del decreto. El Gobierno, por su parte, sostiene que las autoridades deben actuar ante situaciones de violencia y obstrucciones que afecten servicios esenciales, y prevé la habilitación de corredores para el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos.
La discusión central pasa por cómo se aplicarán los criterios de intervención y qué garantías tendrán quienes participen de las protestas. La central sindical sostiene que el Estado debe proteger el derecho a manifestarse, en lugar de adoptar medidas que, a su juicio, pueden facilitar la represión.
