La tercera Asamblea Regional organizada por la Unión Sindical Obrera (USO) se llevó a cabo en Cali, con la participación de alrededor de 230 personas provenientes de diversos departamentos del centro y suroccidente colombiano.
El evento comenzó el sábado y se extendió hasta la tarde del domingo, congregando a delegados de Putumayo, Popayán, Chocó, Tolima, Nariño, Huila, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. El objetivo principal fue avanzar en las discusiones sobre verdad, memoria, derechos humanos, paz y la transición minero-energética, temas que habían sido abordados previamente en talleres preparatorios organizados por el sindicato.
Moisés Barón, presidente de la Federación Sindical Minero-energética y Ambiental por la Paz, explicó que la ciudad fue seleccionada en conmemoración del 73 aniversario de la devolución de los activos de la Concesión de Mares al Estado colombiano por parte de la Tropical Oil Company (TROCO).
«Hoy estamos conmemorando 73 años de haber recuperado ese activo para el país, para construir soberanía energética, soberanía nacional, y soberanía económica. La clase obrera logró que el país tuviera su primera empresa petrolera al servicio del pueblo colombiano, hoy la tarea es no permitir que esa empresa se privatice y mucho menos que sea una empresa que le termine sirviendo a las multinacionales en la transición energética«, afirmó Barón en diálogo con el diario Periferia 20.
La transición energética fue uno de los temas más discutidos durante la asamblea. Los participantes coincidieron en que esta transición no puede limitarse a la adopción de nuevas tecnologías, sino que debe ir acompañada de una transformación social profunda.
En este sentido, insistieron en que la transición energética debe gestionarse desde un modelo público y comunitario que respete las particularidades de cada territorio. «La transición energética debe cumplir una función de soberanía energética y empoderamiento de las comunidades«, se destacó en uno de los grupos de reflexión, subrayando la importancia de incluir a las comunidades en el proceso y de evitar que los monopolios se apropien de los nuevos modelos energéticos.
Fulbia Chungana Medina, presidenta de la asociación de mujeres Las Tamboreras del Cauca, resaltó la falta de garantías para los líderes sociales que continúan alzando la voz en defensa de sus territorios. «La mayor dificultad es que no hay garantías para el cuidado de nosotras, parece que construir la paz es más difícil que la misma guerra», expresó Chungana, haciendo un llamado a la protección de quienes trabajan por la paz en sus comunidades.
La asamblea concluyó con la emisión de una Declaración Política, que será presentada al gobierno del presidente Gustavo Petro en noviembre de 2024. En esta declaración, se exhorta al Gobierno a fortalecer su propuesta de paz total, incorporando cambios y transformaciones estructurales con la participación activa de las comunidades del movimiento social.
Además, se exige el desmantelamiento del paramilitarismo y la retoma de los acuerdos alcanzados con los diversos sectores sociales durante el Estallido Social de 2021.
