El Colegio Médico de Chile solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social SUSESO mejoras urgentes a la plataforma digital PAE, utilizada por los profesionales para ingresar antecedentes en procesos de fiscalización o reclamación de licencias médicas.
En un informe entregado el pasado 15 de abril, el gremio denunció fallas de funcionamiento que, según confirmó en un comunicado reciente, entorpecen el debido proceso y afectan el derecho de los médicos a una defensa oportuna.
La presidenta del espacio, Anamaría Arriagada, señaló en una carta adjunta que las observaciones presentadas “sistematizan dificultades reportadas por afiliados, como demoras excesivas, instrucciones confusas y una interfaz poco intuitiva que puede llevar a errores fatales”. Además, alertó sobre la imposibilidad de acceder al expediente completo de los casos y la falta de trazabilidad, elementos que generan incertidumbre en los profesionales.
Entre los principales problemas identificados por la Unidad de Seguridad Social de FALMED, se evidenció la falta de acceso a todos los antecedentes del caso, lo que, para la organización, dificulta la verificación de información y la correcta presentación de descargos. Asimismo, el informe advierte que, en los procesos de sanción por supuesta falta de fundamento médico, “no queda claro cómo reclamar frente a las multas impuestas por COMPIN, lo que puede dejar a los médicos fuera de plazo”.
El documento también cuestionó los extensos tiempos de respuesta, que, en algunos casos, superan el año, y no otorgan información concreta sobre el estado del trámite. Según el Colegio Médico, esto vulnera los principios de transparencia y debida defensa, obstaculizando además la práctica clínica y el acceso efectivo de los pacientes al reposo prescrito.
Finalmente, el gremio solicitó a la SUSESO un informe actualizado con los compromisos asumidos en la reunión del 3 de abril, como la fecha de publicación de una circular con criterios de sanción, el mecanismo de consulta pública asociado y el cronograma para el nuevo proceso de enrolamiento.
«Nuestra disposición a colaborar sigue en pie, pero se requieren respuestas concretas y un sistema que garantice justicia y equidad para todos los actores involucrados”, concluyó Arriagada.
