La decisión de la compañía estadounidense General Motors, de cerrar sus plantas de producción en Colombia y Ecuador, ha generado un clima de tensión y preocupación entre los trabajadores que denunciaron despidos abruptos y la falta de planes concretos de reconversión laboral por parte de la empresa.
El pasado 26 de abril, GM anunció el cese de sus operaciones de fabricación en ambas países, como parte de una reestructuración global para enfocarse en la electrificación de su flota vehicular. La decisión impactó directamente a cientos de trabajadores en ambos países, quienes aseguran haber sido informados de la situación de manera unilateral y sin la debida negociación.
En Colombia, Juan Romero, trabajador de GM y miembro del sindicato, relata que la empresa convocó a los empleados a varias reuniones, para comunicarles repentinamente el cierre de la planta junto con un acuerdo individual de terminación de contrato no negociable. Ante la negativa de muchos trabajadores a firmar este acuerdo, GM habría procedido a enviar telegramas informándoles que no se les pagaría la quincena.
El sindicato, por su parte, ha calificado las acciones de GM como «un trato hostil» y «un cese unilateral y abrupto» de las operaciones. Han presentado denuncias ante el Ministerio de Trabajo, quien ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de los trabajadores.
En Ecuador, la situación es similar. Edwin Vedolla, vicepresidente nacional de la CEDOCUT y ex secretario general del sindicato de trabajadores de GM, afirma que el cierre de la planta afectará directamente a 300 trabajadores y a más de 5.000 de manera indirecta.
Según Vedolla, existieron propuestas de venta de la planta a accionistas chinos, lo que habría permitido la continuidad de las operaciones y el empleo de la fuerza laboral actual. Sin embargo, GM habría rechazado estas propuestas y optado por el cierre definitivo.
Los trabajadores de ambos países exigen a GM un plan de transición justo que incluya la reconversión laboral y la reubicación en nuevos puestos de trabajo. Aseguran estar dispuestos a adaptarse al nuevo modelo de negocio de la empresa, pero rechazan la idea de ser despedidos sin las debidas garantías y compensaciones.
El secretario regional adjunto de IndustriALL Global Union, Cristian Alejandro Valerio, expresó: “Nos solidarizamos con el duro momento por el cual están pasando nuestros compañeros tanto en Colombia como en Ecuador, y nos ponemos a disposición de sus organizaciones sindicales para intentar ayudarlos a revertir esta situación».
En ese sentido, solicitó a la empresa a revisar su decisión y a entender que, más allá de su sus negocios y su rentabilidad, las empresas también cumplen un rol social. «Muchas veces son beneficiadas con exenciones impositivas, subsidios, de parte de los estados», agregó el dirigente.
