La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto a AFUNAMIG y FENAMINSA, solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de la modificación orgánica del Servicio Nacional de Migraciones, que otorga nuevas facultades de fiscalización directa en terreno, en una presentación realizada ante la Contraloría General de la República, de acuerdo con el comunicado oficial.
Las organizaciones expresaron preocupación por el alcance de estos cambios y sus implicancias institucionales, planteando que la medida podría alterar funciones y atribuciones establecidas, motivo por el cual impulsaron acciones formales para que se evalúe su legalidad. En ese marco, señalaron que “se requiere un pronunciamiento claro sobre la legalidad de estas modificaciones”, en referencia al objetivo de la presentación.
El planteo también fue acompañado por una carta dirigida al presidente de la República, en la que se exponen los cuestionamientos y se solicita revisar la implementación de estas nuevas facultades dentro del Servicio Nacional de Migraciones.
Debate sobre atribuciones y marco institucional
Desde las organizaciones sindicales advierten que la asignación de funciones de fiscalización directa podría generar tensiones en la estructura institucional, por lo que consideran necesario establecer claridad normativa sobre su aplicación.
En ese sentido, destacaron que “estas facultades deben ajustarse al marco legal vigente”, subrayando la importancia de garantizar que cualquier modificación en el funcionamiento del servicio respete los principios establecidos en la normativa.
