La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile ha expresado su firme rechazo a la indicación aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados que establece sanciones a los funcionarios públicos en el marco del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16.566-03), impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La medida, que fue aprobada el 1 de octubre de 2024, es considerada por la ANEF como improcedente, inoportuna y violenta.
Desde la ANEF, se argumenta que el artículo 26 de esta norma introduce un clima de desconfianza hacia quienes ejecutan políticas públicas, lo que genera inseguridad y falta de claridad en la regulación vigente. Además, advierten que esta iniciativa presiona a los funcionarios a realizar su trabajo bajo coerción y temor a enfrentar responsabilidades disciplinarias, lo que contraviene el Estatuto Administrativo.
#Comunicado | ANEF RECHAZA INDICACIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS
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— ANEF (@anefchile) October 9, 2024
La ANEF también critica que proyectos destinados a mejorar la atención se conviertan en herramientas de oportunismo político para amedrentar a los trabajadores, y denuncia que se busca sobrecargar a la Contraloría General de la República con investigaciones sumarias. Asimismo, el artículo plantea descuentos en las remuneraciones en función del porcentaje de atraso en los tiempos de respuesta, lo que la ANEF considera una medida injusta.
La agrupación destaca la importancia de reconocer la eficacia y el buen desempeño de los funcionarios públicos, argumentando que una modernización efectiva del Estado debe validar e integrar adecuadamente la labor de quienes trabajan en él. En lugar de fomentar un ambiente de desconfianza, piden al Gobierno y al Senado que rechacen el artículo 26 y que se avance hacia un sistema de incentivos que promueva un liderazgo positivo y el reconocimiento del trabajo bien realizado.
La ANEF solicita que se priorice el acompañamiento y la mejora continua en la ejecución de políticas públicas, en lugar de recurrir a medidas que violentan los derechos laborales y generan un impacto negativo en el desarrollo del empleo público.