La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) expresó su “más enérgico rechazo” a la aprobación de la llamada “Ley de Integridad Pública”, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional bajo el carácter de urgencia económica. En un comunicado oficial, la organización denunció que esta norma «introduce cambios profundamente regresivos», especialmente en lo que respecta a la estabilidad del empleo público en el país.
Uno de los aspectos más críticos destacados por la CEOSL es la derogación del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que hasta ahora garantizaba la estabilidad laboral, la reubicación en caso de supresión de puestos y procedimientos justos para la destitución. “Al eliminar este artículo, se abre la puerta al despido discrecional”, advirtió la central sindical, señalando que se debilita la carrera administrativa basada en méritos y se pone en riesgo el funcionamiento técnico del aparato estatal.
Según el pronunciamiento firmado por la presidenta de la confederación, Marcela Arellano Villa, y su secretario de Defensa Jurídica, Napoleón Gaibor, “este ataque directo a la estabilidad del empleo público pone en riesgo a miles de trabajadoras y trabajadores que han dedicado su vida al servicio del país”. En ese sentido, enfatizaron que esta reforma permite “el uso político partidario del aparato estatal, en beneficio de partido de gobierno”.
🚨La CEOSL rechaza la “Ley de Integridad Pública”: despidos sin causa, uso político del empleo público y trámite inconstitucional.
📣 Exigimos a la Corte Constitucional que la declare inconstitucional.
Con el empleo público no se juega.#CEOSL #EstabilidadLaboral… pic.twitter.com/hWaduMmcHb
— CEOSL (@prensaceosl) June 25, 2025
La confederación también criticó la forma en que fue tramitada la ley, utilizando una vía reservada para urgencias económicas que, a su juicio, vulnera el principio de legalidad y excluye el debate democrático. “El Ejecutivo y la Asamblea han impedido la participación de las organizaciones sociales”, señaló el comunicado.
Finalmente, la central sindical exigió a la Corte Constitucional que actúe “con urgencia” y declare la inconstitucionalidad de la ley. “Con el empleo público no se juega. La estabilidad, el mérito y los derechos laborales no se derogan por decreto”, subrayaron desde la CEOSL, asegurando que no cesarán en su defensa de los derechos de las y los servidores públicos “hasta que esta norma regresiva e inconstitucional sea revertida por las vías legales, sociales y políticas que correspondan”.
