La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) emitió un pronunciamiento público en rechazo al Decreto Ejecutivo 134, firmado por el presidente Daniel Noboa, que establece el estado de excepción en siete provincias del país. Según la organización sindical, esta medida busca “acallar la voz del pueblo” y justificar la represión de la protesta social.
En su comunicado, CEOSL advierte que el decreto se enmarca en una estrategia de criminalización de la resistencia, que pretende deslegitimar la movilización ciudadana frente a políticas extractivas.
Denuncian la criminalización de la resistencia disfrazada de estado de excepción
“La resistencia es un derecho legítimo de los pueblos”, señaló la organización, y agrega que el gobierno debería atender las demandas sociales en lugar de imponer medidas que restringen libertades.
Los dirigentes sindicales Napoleón Gómez y Rubén Baculima expresaron su preocupación por el uso de recursos institucionales para desinformar y estigmatizar a quienes participan en acciones colectivas.
El comunicado también denunció que el estado de excepción se utiliza como herramienta para facilitar la expansión de actividades mineras y petroleras, sin consulta ni participación de las comunidades afectadas.
