La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), organismo que representa a millones de trabajadores y trabajadoras de los países del MERCOSUR, se pronunció con dureza contra el gobierno de Panamá por la escalada represiva que afecta a sindicatos como SUNTRACS, ASOPROF y otras organizaciones populares.
A través de un comunicado firmado por su secretario general, Quintino Severo, la CCSCS expresó su “más firme y absoluta condena a la persecución, represión y criminalización de los movimientos sindicales y sociales por parte del gobierno panameño”.
La coordinadora denunció que en los últimos meses se ha producido un “avance autoritario” por parte del gobierno de Panamá, que responde a la protesta social “con violencia policial, detenciones arbitrarias, congelamiento de cuentas sindicales y persecución sistemática de dirigentes”.
Estas acciones —enmarcadas en las manifestaciones contra la reforma pensional, en defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales— fueron definidas por la CCSCS como un “ataque frontal a la democracia, los derechos humanos y los derechos fundamentales de los trabajadores panameños”.
En este sentido, el documento exige al gobierno panameño:
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El cese inmediato de la represión y la persecución.
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La liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos y sindicales.
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La reparación integral a las víctimas de la violencia estatal.
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El restablecimiento pleno de los derechos sindicales y democráticos.
Incompatibilidad con el MERCOSUR
Uno de los puntos más destacados del pronunciamiento es el cuestionamiento al proceso de acercamiento de Panamá al MERCOSUR, a partir de los compromisos democráticos y sociales que el bloque regional exige a sus miembros.
“En las condiciones actuales, Panamá no cumple con los requisitos democráticos y sociales necesarios para avanzar en cualquier proceso de adhesión al MERCOSUR”, afirmó la CCSCS, que también remarcó que “un gobierno que ataca a su propia clase trabajadora y criminaliza a los sindicatos no puede ser socio de un bloque fundado en la solidaridad, la justicia social y el respeto a los derechos del pueblo”.
Solidaridad regional con SUNTRACS
El pronunciamiento se suma a la alarma internacional que generó el caso de SUNTRACS, cuyos dirigentes enfrentan órdenes de arresto, congelamiento de fondos y amenazas judiciales por su rol en las protestas sociales.
