El acuerdo contempla el intercambio de información y mejores prácticas, así como una colaboración directa en temas como salarios impagos, condiciones de seguridad y digitalización.
Para el espacio, la falta de regulaciones claras en la adquisición de tecnología pone en riesgo la soberanía de los datos y la estabilidad del empleo público.
La respectiva denuncia encontró automáticamente un respaldo en diversos sectores sindicales, que advierten sobre el incremento de represalias contra quienes defienden los derechos laborales en el país.
