El recurso incorpora herramientas como un Mapa de Evidencia, que permite identificar áreas donde existe abundante investigación y otras donde aún se requieren más datos.
Desde la UNE sostienen que el Estado debió prever esta situación y no responder con medidas que consideran regresivas en materia de derechos laborales.
La organización confirmó que todo el procedimiento fue organizado y supervisado por sus propias instancias, sin la intervención de agentes externos, y con presencia en 11 divisiones regionales.
