La iniciativa también apunta a establecer estándares claros para el comportamiento institucional, prevenir conflictos de interés y promover una cultura de responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
Diego Brand, presidente del sindicato, afirmó que “actualmente 500 familias están afectadas cada día por el cese y disminución de actividades y la oferta institucional”.
Los gremios marítimos advierten que "la falta de voluntad para alcanzar acuerdos pone en riesgo no solo los derechos laborales, sino también la sostenibilidad del sector pesquero".
Las organizaciones alertaron que esta modificación podría incentivar que personas enfermas acudan a trabajar por temor a perder parte de su salario, poniendo en riesgo su salud.
