El frente sindical plantea que los principios jurídicos nacionales e internacionales que garantizan la independencia judicial no se estarían cumpliendo de manera efectiva.
La ICM alertó que este tipo de ofensivas no conduce a procesos democráticos ni a justicia social, sino que profundiza la inestabilidad, el deterioro económico y el sufrimiento de trabajadores y comunidades, recordando experiencias previas como Irak y Libia.
La CLATE, junto a sus organizaciones miembro de 20 países, exigió el respeto irrestricto del derecho internacional y de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
La central obrera saludó el fallo del juez Martín Cormick que suspendió la resolución 943/2023 de Patricia Bullrich y advirtió que seguirá defendiendo el derecho a la protesta “en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”.
Mientras Washington endurece su ofensiva bajo el argumento del combate al narcotráfico, organizaciones sindicales venezolanas denuncian una escalada de detenciones arbitrarias y persecución judicial contra dirigentes y trabajadores.