El objetivo central es analizar el Proyecto de Ley 572/22, que establece un Marco Nacional de Derechos Humanos y Empresas, y discutir su potencial como base para la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas.
El informe restringiría el acceso a beneficios laborales a dirigentes sindicales con licencia sindical y miembros del comité de negociaciones colectivas.
