En una nueva ofensiva contra la educación pública, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, ha iniciado una nueva etapa en el proceso de privatización de las escuelas públicas mediante el Proyecto Somar. Presentado como un enfoque estratégico para implementar la Nueva Educación Secundaria, este proyecto transfiere la gestión escolar a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), eliminando la responsabilidad del gobierno en la administración de las escuelas públicas.
Aunque el Proyecto Somar se presenta como un proceso de gestión compartida, en la práctica implica que el gobierno entrega recursos financieros a las OSC, quienes asumen toda la administración de las escuelas y la implementación del proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta medida ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, que ven en ella un intento de mercantilizar la educación.
“Este es un intento más del gobierno de Zema de cumplir con los deberes legales y constitucionales que le corresponden con el fin de entregárselo al sector privado, como si la educación fuera un bien cualquiera”, evaluó Marcelle Amador, directora de Comunicaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Minas Gerais (Sind-UTE/MG).
El Proyecto Somar, que comenzó como un proyecto piloto en 2021 e inició su implementación en 2022, involucra actualmente a tres escuelas públicas con una duración inicial de cuatro años: Francisco Menezes Filho, en Bairro Ouro Preto; Maria Andrade Resende, en Bairro Garças; ambas en la región de Pampulha, en la capital, y el Coronel Adelino Castelo Branco, en Sabará, en el Gran BH.
Entre los argumentos del gobierno para implementar la “gestión compartida” se encuentran la mejora de la calidad de la enseñanza, los indicadores educativos y la promoción de prácticas pedagógicas innovadoras. Sin embargo, estos beneficios han sido cuestionados por la falta de transparencia en el proceso y la verdadera intención detrás del proyecto.
“Los estudiantes, padres de estudiantes y la sociedad en su conjunto necesitan conocer las verdaderas intenciones de este proyecto gubernamental de privatización, antes de pagar un alto precio por un servicio y una política pública que es deber del Estado y que debe ser gratuita y de calidad”, concluye Marcelle Amador.
En respuesta a las acciones del gobierno para ampliar el Proyecto Somar a otras escuelas, el Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG) planea lanzar una intensa campaña en todo el Estado. La campaña tiene como objetivo movilizar a la sociedad y explicar «las verdaderas intenciones del gobierno de Zema», para evitar que la educación pública se convierta en un bien de consumo.
